De la Redacción.

Dentro del programa de gobierno de López Obrador se contempló la creación de una “guardia nacional” como medida para erradicar la delincuencia y la violencia. Una vez que Morena ha llegado al poder, AMLO ha enviado la iniciativa de ley al Congreso a fin de que sea creada la citada guardia.

Sin embargo, la iniciativa lopezobradorista adolece de una serie de contradicciones e inconvenientes que ya han sido señaladas no sólo por los opositores de la derecha, sino también desde la izquierda.

Esta iniciativa debe ser revisada con detalle por la izquierda marxista, pues supone una cuestión fundamental de la caracterización de la política del nuevo gobierno y será una cuestión fundamental en el devenir del gobierno, de la izquierda, y de la lucha de clases en México en los años por venir.

Por principio de cuentas, la iniciativa contempla crear un cuerpo que denomina “guardia nacional” a partir de elementos militares y policiacos preexistentes: la policía militar, la policía naval, la policía federal y los agentes del CISEN. Así, la “guardia nacional” no es propiamente tal, sino más bien una nueva corporación policiaco-militar. Una guardia nacional tendría en sus filas a ciudadanos organizados y entrenados militarmente para la protección de sus localidades, algo muy diferente a lo que se pretende con el proyecto actual, más allá de que la guardia tenga mandos militares o civiles, que es lo que se ha estado criticando en la prensa.

Una verdadera guardia nacional sería una institución popular, que se basaría fundamentalmente en la participación de los propios trabajadores, de cuyas familias emergerían los guardias nacionales. Cada agrupamiento de la guardia le correspondería una división territorial y la clave del buen funcionamiento de tal institución residiría en la identificación de los guardias con el poder popular, con la propia localidad y con sus comunidades, lo que sería imprescindible para enfrentar la delincuencia.

La iniciativa contemplada no prevee nada de esto, pues se basa en el esquema de militarización del país que se emprendió desde que el Ejército emprendió la persecución del narcotráfico en los 1980, y es perfectamente claro que la conformación de la guardia nacional militarizada propuesta responde a la presión del propio Ejército, que desea extender y legalizar su influencia en la política y en la seguridad pública y que no desea bajo ningún concepto una guardia nacional civil que sirva de contrapeso a su poder e influencia.

En esta cuestión, el nuevo gobierno se halla en una encrucijada, pues en la medida en que se manifieste incapaz de mantenerse comprometido con la causa popular frente a las presiones del régimen narco-capitalista, la pérdida de poder e influencia entre las masas serán otras tantas brechas por donde puede abrirse paso la derecha proto-fascista y militarista. Así, el peligro para el nuevo gobierno es doble, pues se corre el riesgo de no conseguir las metas que se ha propuesto como prioritarias y además se corre el riesgo de abrir las puertas a una reacción desaforada por parte de los partidos e instituciones más comprometidos con el terror narco-capitalista en nuestro país.

El armamento del pueblo.

Todo Estado constituye una máquina de dominación de clase, por ello, a todo régimen comprometido con el capital le es esencial mantener a la población trabajadora lejos de la formación y encuadramiento militares, o sea, en todo momento va a buscar que las fuerzas militares se mantengan como cuerpos separados, dispuestos en todo momento a la represión de los trabajadores cuando éstos se rebelen a la dominación del régimen capitalista.

El nuevo gobierno, aunque mantiene un programa de reforma dentro de los estrictos marcos del orden capitalista subordinado al imperialismo estadunidense, llegó al poder por el impulso de las masas populares y se ve presionado por éstas. El nuevo gobierno, atendiendo a esta circunstancia y al recuerdo histórico de la experiencia del siglo XIX, se volcó a proyectar en su plan alternativo de nación la creación de una guardia nacional, que en teoría debería constituir el pueblo en armas (no confundir con el pueblo armado, esto es, sin organización ni programa), o sea, una verdadera organización de la defensa popular, que sería la más completa garantía del cambio que tanto ha propalado el nuevo gobierno. Un precedente de semejante organización lo tenemos en la realidad en las policías comunitarias de Guerrero.

Pero la clase capitalista, a través de sus canales burocráticos, propagandísticos y militares se ha empeñado en impedir este armamento del pueblo, al que teme instintivamente más que a la peste.

Por ello, a pesar del revés y del retroceso que representa el proyecto de la guardia nacional militarizada del nuevo gobierno, debemos insistir en la necesidad histórica realmente urgente que representa la creación de la guardia nacional civil popular, que es la única garantía real de la transformación del país y de que se realicen las transformaciones sociales y económicas que el pueblo trabajador de México reclama.

Periódico Revolución
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