Escrito por: Felipe Cueva y Juan Olguín.

El desfalco que el estado mexicano ha hecho con los fondos de pensión de millones de trabajadores, ha sido encubierto a partir de la opacidad con la que hasta ahora se han estado manejando los estados de cuenta del SAR, los cuales no cumplen con las disposiciones legales que garanticen a los trabajadores un acceso claro y transparente de cómo han sido manejados los recursos de las aportaciones a sus fondos de pensión. El no cumplir con estas disposiciones legales, ha hecho que estos estados de cuentan estén al margen de la ley, permitiendo con ello que el gobierno y las administradoras de estos fondos (Afores) hayan realizado una administración fraudulenta de los mismos. Es por ello qué, ante esta gravísima irregularidad, el trabajador es incapaz de percatarse de cómo a lo largo de su vida laboral han sido acumuladas realmente sus contribuciones de retiro y vivienda; de que éstas no han sido actualizadas a valor presente, considerando para ello el ajuste inflacionario así como la tasa de interés que la ley considere aplicable para este tipo de fondos.  Además de impedirle conocer con total claridad el monto real de las pérdidas o minusvalías que han sufrido sus ahorros para el retiro, como consecuencia del cobro de comisiones y por las pérdidas millonarias que han sufrido estos como consecuencia de haber sido invertidos irresponsablemente en capital de riesgo. Es por ello que al no saber a ciencia cierta cuál es el monto correcto de sus aportaciones tanto de retiro como de vivienda, al momento de su jubilación, el trabajador está condenado a recibir una cantidad inferior para su retiro, condenándolo a recurrir a otras fuentes de ingreso que le permitan completar la precaria renta que recibirá al momento de su retiro o condenándolo a trabajar por el resto de su vida.

Como un caso emblemático que nos permite mostrar la gravedad de lo antes expuesto, se expone el caso de un compañero trabajador del Colegio de Bachilleres que ingresó a laborar en el mes de abril de 1984 y que ha desarrollado su labor en esta institución de manera ininterrumpida hasta la fecha. En su estado de cuenta, correspondiente al periodo del 1 de mayo de 2014 a 31 de agosto de 2014, el compañero trabajador registra un fondo de retiro y de vivienda de $38,003.62. Cabe hacer mención que este trabajador hasta la fecha de cálculo que muestra su estado de cuenta, no había ejercido el crédito para vivienda, por lo que la cantidad que registra su estado cuenta con relación al rubro de ahorro para la vivienda se supone debe considerar el monto acumulado en dicho rubro durante toda su vida laboral. Dicha cantidad por sí sola suena poco razonable, más si se considera que al momento de la fecha de cálculo registrada en el estado de cuenta, el trabajador ha realizado su labor de manera ininterrumpida durante más de treinta años.

Con la finalidad de exhibir esta evidente inconsistencia, se le requirió al trabajador su historia salarial; esto, con la finalidad de calcular el monto de las contribuciones que por retiro y vivienda por ley debió haber acumulado por sus más de treinta años de servicio. Al realizar los cálculos correspondientes y actualizarlos a valor presente conforme el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) y considerando una tasa de rendimiento en CETES a 28 días. Los cálculos arrojan que el trabajador debería contar con un fondo de retiro y de vivienda de $1,469,414.02. Cantidad que dista por mucho de los $38,003.62 que es reportado en el Estado de Cuenta del trabajador y que por mucho es más realista con relación a su antigüedad laboral.

Esta evidente y abismal inconsistencia entre lo que el trabajador tiene registrado en su cuenta individual y lo que los cálculos arrojan sobre lo que por ley debería de tener,  además de poner el dedo en la llaga sobre la necesidad de exigir a las autoridades correspondientes la inmediata transparentación de los estados de cuenta del SAR, muestra las razones que tiene el estado de contar con un mecanismo de despido como “La ley del Servicio Profesional Docente” que le permita deslindarse en el momento que así lo considere oportuno de las obligaciones que por concepto del pago de pensiones futuras tienen con los profesores. Por lo que no es de dudarse que este tipo de disposiciones que facilitan el despido pudieran en un futuro ser implementadas a otros sectores de la burocracia y de todos los trabajadores de nuestro país.

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