ayotPor GM

El nombre de Ayotzinapa evoca ahora el mayor acto de terrorismo de Estado en México desde 1968 y 1971. Efectuada por fuerzas narco-paramilitares apoyadas por policías locales, el Ejército y la Policía Federal, la desaparición de los 43 normalistas ha sacudido al país y han desbordado las fronteras.

La indignación ha alcanzado a Peña Nieto, pero también ha llegado al PRD, partido al que pertenecía la autoridad municipal que ha sido responsabilizada directamente por las desapariciones.

Al principio, el Gobierno se manifestó omiso, minimizando lo que había ocurrido, pero al ver que el descontento crecía, inició apresuradas investigaciones y permitió que el equipo forense argentino participara en la investigación. Los resultados de la investigación oficial fueron inmediatamente cuestionados y los padres de familia de plano los rechazaron, no tardaron en aparecer versiones en la prensa de que la policía federal habría participado directamente en los tiroteos a los normalistas al lado de los agentes de Iguala, a esto se sumó la comprobación de que tanto el Ejército como la policía tuvieron conocimiento en todo momento de lo que acontecía en Iguala y Cocula. La responsabilidad del Estado quedó asentada en la opinión pública.

El procurador general Murillo Karam fue finalmente removido ante su incapacidad manifiesta para dar una versión creíble de los hechos, máxime que el equipo argentino se deslindó de las pesquisas oficiales, lo que terminó por dar bríos a la protesta, que alcanzó otros países, las redes sociales y la prensa nacional e internacional.

La responsabilidad del Gobierno a todos los niveles y de los partidos políticos quedó fuera de duda, pero otro dato que sólo tuvo una cobertura momentánea, fueron las declaraciones de grandes capitalistas al respecto:

“En días previos, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) había exigido al gobierno federal contener en forma definitiva las acciones violentas de las movilizaciones por Ayotzinapa, según se afirmó, realizadas por grupos que utilizan este tema para dañar instalaciones de empresas privadas y edificios públicos, lo cual afecta gravemente las inversiones, la gobernabilidad y fractura la convivencia social. El presidente de la agrupación, Gerardo Gutiérrez Candiani, al referirse a la condena social sobre la violación de los derechos humanos de los jóvenes masacrados y desaparecidos en Iguala, aprovechó para señalar: no nada más se tienen que defender los (derechos humanos) de los delincuentes. En sentido similar se pronunció el piadoso empresario Roberto Servitje, ex presidente del consejo de administración del consorcio Bimbo, al recalcar la existencia e inconformidad de grupos que no han podido ubicarse y aprovechan cualquier cosa, como esto de Ayotzinapa, que es muy triste porque se le ha dado una dimensión que no tiene. (Cursivas nuestras)” (Ayotzinapa y el humanismo clerical, empresarial y militar, César Navarro Gallegos, La Jornada, 14/mar/15)

Y por si fuera poco:

“el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, Enrique Solana, hace un par de meses propuso dar vuelta a la página al caso de Ayotzinapa, tal como se ha hecho con otras tragedias en el país e indemnizar a sus familias para darlo por concluido; además puntualizó: todos sabemos que grupos guerrilleros se han cobijado en la desgracia de estos 43 muchachos. En fechas más recientes, advirtió amenazador a los padres de familia: por ningún motivo permitiremos que se metan a los cuarteles, ya que significaría introducirse a las entrañas del Ejército Mexicano, a su parte más íntima: no aceptamos que se abran los cuarteles para nadie.” (Ibídem)

Estas declaraciones ponen en contexto todo el significado de Ayotzinapa como un capítulo de la lucha de clases que lleva a cabo la clase capitalista contra los trabajadores a través de su Estado. No se trata, como pretenden algunos, meramente de un episodio represivo de elementos disidentes aislados, sino de una operación de terror blanco dirigido en primer lugar a escarmentar a los estudiantes revolucionarios de Guerrero, y en segundo lugar a mantener a raya a todos los trabajadores del país, para que dejen de lado su descontento con la explotación, la miseria, la corrupción y la prepotencia de la que han hecho gala los miembros de la oligarquía y de su Estado.

No se puede decir que la lucha emprendida por los padres y los movimientos de izquierda en busca de justicia sea poco importante, pero cabe aclarar que la lucha contra el terror blanco va más allá de esto, pues se trata de una lucha histórica que sólo puede concluir con el derrocamiento del capitalismo, la instauración de la democracia obrera y dejar atrás la era del PRI y su Pacto “por México” como una época superada y que ya desde hace tiempo ha demostrado no estar acorde con la marcha del pueblo de México, hecho que sólo las miradas corrompidas de los que se benefician de las corruptelas pueden creer.

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